El Ayuntamiento ordena el cierre del colegio abierto en el antiguo Instituto Homeopático

Da al centro 30 días para el cese, aunque espera aprobar en noviembre el plan que “regularice” su situación

El Ayuntamiento de Madrid cursó el pasado 18 de octubre una orden de cese de actividad contra la Academia Brewster, el centro educativo de origen estadounidense que el pasado septiembre abría sus puertas en la calle de Eloy Gonzalo, en el edificio del antiguo Instituto Homeopático. De no producirse el citado cese, será el propio Consistorio quien lleve a cabo el precinto pasados 30 días desde la notificación.

La orden municipal llega después de que la Agencia de Actividades advirtiese –tras una pregunta del grupo municipal socialista– de que la fórmula de la declaración responsable empleada por los propietarios del centro para agilizar la licencia de uso y obras es “irregular”, al tratarse de un edificio catalogado como Bien de Interés Cultural y estar la parcela afectada por la tramitación de un plan especial que fue aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno el pasado mayo.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha reconocido la “ineficacia” de la declaración responsable en este caso, y ha explicado que en estos momentos los servicios técnicos municipales se encuentran revisando los 51 escritos de alegaciones recibidos durante el trámite de información pública. Carabante espera que “el plan pueda elevarse al pleno para su aprobación definitiva a finales de noviembre, con lo que la situación quedaría regularizada”.

Desde el grupo socialista, el concejal Antonio Giraldo ha señalado la “gravedad” de que se hayan podido realizar trabajos en un BIC “únicamente con una declaración responsable”, y pide tanto el cierre del centro como una sanción para los propietarios.

En 2002 la Agencia de Actividades ya denegó una licencia de obras al considerar que, tratándose de un edificio con la máxima protección patrimonial, se precisaba un plan especial para acometerlas. Dicho plan fue posteriormente solicitado y aprobado inicialmente el pasado mayo por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, y salió a información pública al mes siguiente.