Desde hacía meses, los nubarrones negros se cernían sobre la Casa de Cultura y Participación Ciudadana de Chamberí, y finalmente ha sucedido. La Junta de Distrito ha rechazado prorrogar la cesión del local municipal a las 22 entidades cívicas agrupadas en este proyecto, que antes de finales de marzo deberán abandonar el espacio ubicado en Bravo Murillo, 39.
La endeble argumentación oficial señala que desde el distrito se están “estudiando distintas alternativas para el destino del inmueble”, sin especificar ninguna, por lo que todo indica que el local volverá momentáneamente a quedar vacío, como lo estaba antes de 2017. Desde la Casa de Cultura se califica de “arbitraria” la decisión, argumentando que ni siquiera se ha evaluado la labor realizada durante estos años, que suma en este tiempo unas 2.600 actividades.
En la Casa de Cultura se han impartido conferencias, talleres de poesía, teatro comunitario o cursos de ópera; además, el local ha servido para albergar una despensa solidaria, cuya importancia ha crecido con el estallido de la crisis sociosanitaria, y de cuyo apoyo no parece el mejor momento para prescindir.
Resulta obvio decir que Chamberí tiene una carencia en cuanto a dotaciones y que este local bien podría servir para paliar dicho déficit, si bien la falta de proyecto o de tan siquiera aclaraciones por parte de la Junta hace pensar que han sido otras las razones del rechazo a prorrogar el contrato, a unas entidades sobre las que el partido que hoy gobierna Madrid ya deslizó alguna sospecha por su “afinidad” con la antigua coalición de la exalcaldesa Manuela Carmena. Un recelo que no ayudó a despejar entonces uno de los portavoces del anterior equipo de Gobierno municipal, cuando declaró: “Nos acusan de ceder locales a nuestra gente. Estamos muy orgullosos de que nuestra gente sea la comprometida, la que hace la ciudad”.
Nadie puede poner en duda que la actividad de la Casa de Cultura en estos años ha contribuido a enriquecer las dinámicas comunitarias del distrito, de la misma forma que tampoco se puede obviar que algunas de sus entidades han venido usando sus plataformas como ariete contra los gobiernos municipal y autonómico, una vertiente que ha podido pesar en la decisión de la Junta.
Asumiendo la legitimidad de la crítica, cuando las denuncias vecinales se vuelven indistinguibles de las de la oposición, el papel del movimiento vecinal se diluye en las formas tradicionales de representación. Así ocurrió con la asociación creada durante la pasada legislatura “contra” la política de Ahora Madrid, prácticamente enterrada tras el cambio de gobierno. En estos casos, los vecinos pueden entender que estas entidades solo replican los esquemas políticos, abandonando los múltiples beneficios que, como intermediario, comporta desde hace décadas el movimiento vecinal.
En unas semanas, la Comunidad de Madrid iniciará las obras del Tercer Depósito del Canal. Una obra que la expresidenta regional, Cristina Cifuentes, presentó en 2018 bajo el lema de “el parque que quieren los vecinos” y que se logró gracias a la lucha vecinal, con su colaboración y refrendo, y que mejorará sin duda Chamberí. Esta debería ser la meta. Una meta que no se logra a base de cerrojazos.
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