Chamberí vuelve tras las vacaciones con la noticia largamente esperada de la reinauguración del Estadio de Vallehermoso, después de que este cerrase sus puertas hace 12 años. Demasiado tiempo para un distrito que se llegó a tomar con cierta sorna lo de convivir con un “agujero” y que el pasado 25 de agosto casi llenó las gradas para disfrutar del regreso del atletismo a la capital. La crisis, el desinterés y la falta de unidad de criterio en cuanto al proyecto acabaron por lastrar una actuación que está llamada a convertirse en un símbolo para el distrito… si se gestiona bien.
El verano también nos deja la formación del nuevo Gobierno regional, donde PP y Ciudadanos se vuelven a repartir el poder de forma similar a la llevada a cabo hace unos meses en el Ayuntamiento de Madrid, con Vox apoyando al candidato popular pero sin responsabilidades de Gobierno. Por cierto, alejado parece que definitivamente el globo sonda de que al frente de la Junta Municipal del Distrito se colocaría un concejal de la nueva formación de ultraderecha.
Que la Comunidad haya configurado un Gobierno del mismo color que el Consistorio hace prever que sirva al menos para coordinarse mejor y agilizar la puesta en marcha de los proyectos pendientes. No es, de momento, el caso de otra de las actuaciones más esperadas en el distrito: la reforma del parque del Tercer Depósito. Un proyecto anunciado a principios de 2018 por la entonces presidenta Cristina Cifuentes y paralizado durante muchos meses por temas burocráticos y discordias entre Ayuntamiento y Comunidad, pero que el regreso del PP al Consistorio tampoco ha logrado acelerar, al menos hasta ahora. Según denuncia la Asociación Vecinal El Organillo, en esta ocasión son las dudas urbanísticas sobre “qué hacer con el edificio que fue tienda y bar” lo que tiene parada la licitación de los trabajos, prevista para antes de que finalice el año. En cualquier caso, el parque no estará abierto a los usuarios antes de 2022.
Lo que sí ha agilizado la presidenta Isabel Díaz Ayuso es la modificación de la estructura orgánica del Gobierno regional, en la que ha incorporado nada menos que cuatro nuevas consejerías y 18 nuevos altos cargos, lo que suman un total de 135 contratos de alta dirección que pagarán los madrileños. Según Ayuso, con este incremento de puestos se busca “ofrecer un mejor servicio”. Ojalá sea así y este aumento del gasto no responda, como parece, a la necesidad de colocar tanto cargo en busca de acomodo como requieren los nuevos gobiernos de coalición. Máxime cuando uno de los requisitos de estos apoyos tenía como objeto la reducción de la estructura administrativa, según se firmó en el acuerdo de 2015. De lo contrario, podría creerse que, una vez en el poder, a Ciudadanos no le preocupa ya esa reducción mientras el incremento incluya a sus cuadros en el Gobierno.
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