Dejamos atrás unos meses estivales donde España alcanzó el ansiado objetivo de vacunar al 70 % de la población, unido además a una incidencia de la pandemia en claro retroceso, tras un largo año y medio excepcional y trágico. Llega pues septiembre y el regreso a la rutina, y lo hace con importantes deberes para el Gobierno municipal, que tiene sobre la mesa tres frentes con los que deberá lidiar de aquí a finales de año: las nuevas ordenanzas de movilidad y terrazas, y los presupuestos del próximo 2022.
El primero de esos tres deberes está a punto de solventarlo de forma favorable, y casi sobre la bocina. Se trata de la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible, que deberá servir para sustituir la zona de bajas emisiones Madrid Central –anulada en mayo por el Tribunal Supremo–, y que el Consistorio debía aprobar en 10 días, antes de que se cumpliera la diligencia de la Justicia y las cámaras tuvieran obligatoriamente que apagarse. In extremis, y con los votos de los cuatro concejales escindidos de Más Madrid, y providencialmente autorizados para la votación, el Gobierno municipal cuenta ya con todas las papeletas para sacar adelante un plan que apenas matiza el aprobado por Manuela Carmena en 2018, pese a lo cual su antigua formación no le ha otorgado sus votos.
El segundo frente tiene que ver con la futura Ordenanza de Terrazas y Quioscos de Hostelería, que el Gobierno municipal quiere tener lista para finales de año. En estos momentos el plan avanza con un grupo de trabajo que baraja la fórmula de establecer límites en “zonas tensionadas”, para apaciguar las quejas vecinales que se multiplican en aquellas áreas ya saturadas, como por ejemplo varias de Chamberí. Mientras estos se concretan, el alcalde y la vicealcaldesa han mostrado ya sus diferencias en el desarrollo del texto, esta última asegurando que las conocidas “terrazas covid” podrían mantenerse entre dos y tres años más, mientras Almeida matiza que es pronto para establecer nuevos plazos y prioriza atender el malestar vecinal. Una discrepancia en el seno del Gobierno que ya vaticina que la tramitación no será fácil, a la espera de que la oposición fije sus posiciones. Los vecinos, que ya se han manifestado en varias ocasiones, tendrán también mucho que decir, a medida que se vaya conociendo la norma.
Por último, el Gobierno municipal deberá afrontar en los próximos meses la aprobación de sus terceros presupuestos de la legislatura. Una aprobación para la que en principio cuenta con su socio principal, Vox, pese a su voto en contra y sus críticas a la nueva normativa de movilidad. Tanto Vox como el propio alcalde, no obstante, se han apresurado a desligar este movimiento de la posibilidad de acuerdos futuros, si bien la llegada del grupo mixto ofrece ahora otra posibilidad al Gobierno para cambiar el sistema de equilibrios en el Pleno, como de hecho ya ha sucedido con el “nuevo” Madrid Central. Almeida tendrá pues a partir de ahora dos opciones: mantener el apoyo conservador o bien profundizar en las grietas de la oposición de izquierdas, que puede además centrifugarse con la llegada de Mar Espinar a la portavocía socialista, tras la dimisión de Pepu Hernández.
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